“NI QUITO, NI PONGO TILDE ALGUNA” (III PARTE)

“Con Costa Rica no se juega” (L.C. Solís. Presidente)
Astorga también se negó a informar si Unicef estaba al tanto de la inhabilitación de Barrantes, tomando que cada una de las personas que se postuló, para la contratación, debía especificar en un formulario las razones por las cuáles dejó sus anteriores trabajos. “Los detalles del contenido de los formularios que recibimos de postulantes son confidenciales y no podemos divulgarlos”, añadió Astorga. ¿En qué asesora? Según la licitación que aparece en página web de Unicef, a Barrantes, entre otras funciones, se le encomendó participar en el proceso de apertura de cuatro oficinas nuevas del Patronato en Pavas, La Uruca, Alajuela y Paraíso de Cartago. Además, asesora en la instalación de cuatro unidades móviles del PANI que están ubicadas en las fronteras norte y sur del país, así como en las costas del Pacífico y del Atlántico. Al mismo tiempo, participa en el diseño de una metodología para viabilizar la instalación de seis centros de intervención temprana. Este medio intentó obtener una reacción de Barrantes; no obstante, al cierre de esta edición fue imposible. Se llamó a su casa de habitación, pero la persona que atendió la llamada colgó el teléfono cuando se le indicó el motivo de la llamada.También, se intentó contactarlo mediante su abogado, Marvin Mathews. Él quedó en devolver la llamada y nunca lo hizo.
Cinco años. Si bien Barrantes fue sancionado por la Contraloría desde julio del 2010, el castigo se pudo hacer efectivo hasta cinco años después.
Él procuró frenar la sanción acudiendo a la Sala Constitucional, al Ministerio Público, al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, a la Sala I y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Las acciones legales de Barrantes coincidieron con el tiempo en que la Contraloría se vio impedida de poner sanciones, mientras la Sala IV estudiaba una acción de inconstitucionalidad contra esa potestad. La acción fue rechazada en mayo del 2015.

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